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Los reos siempre tuvieron el control

Textos de Profe Carlos

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Luis Alonso Pérez

 

“¡Justicia, justicia, justicia!” gritaban docenas de reos desde el techo del edificio Uno de la Penitenciaría del Estado en Tijuana el domingo 14 de septiembre. Las flamas del incendio provocado bailaban a sus espaldas y la enorme columna de humo se elevaba al cielo desde el patio del penal de La Mesa.

 

Desde la azotea lanzaban piedras a los custodios que intentaban controlar el motín con chorros de agua, pero la presión de las mangueras parecía refrescarlos más que hacerlos retroceder. Sólo las balas de los federales amedrentaban a la turba.

 

Cada ráfaga de ametralladora que rugía despertaba la ira de familiares de internos. Angustiados y enfurecidos lanzaban piedras a los custodios parados en la barda perimetral y empujaban y jaloneaban violentamente a los policías que resguardaban el perímetro. Los uniformados respondían con empujones.

 

La situación dentro y fuera del penal rápidamente se salió de control. Por más de 12 horas aquello fue una batalla campal. El humo y los gases lacrimógenos se desplazaban por las calles a capricho de las aspas del helicóptero que rondaba el edificio en llamas.

 

A las 4 de la tarde del domingo, el penal estaba en manos de los presos, y las calles bajo dominio de sus familiares. Fue el primer error táctico del gobierno. No pudieron controlar la turba.

 

De entrada el reclamo de los presos rebelados era la vida del custodio que un día antes había matado a golpes a un interno de 19 años de nombre Israel Márquez Blanco. Más organizados que las autoridades policíacas, los reos colgaron una manta: “No más muertos. Custodios asesinos”, decía. Desde el techo aventaron piedras envueltas en papel higiénico con mensajes para los reporteros. “Lo único que queremos es justicia”, decía uno de los recados. “Ayer hubo una revisión en el edificio cinco y los oficiales S. Montero, Toro y Dani mataron a un interno a golpes, ellos son los asesinos”, informaron en otro pedazo de papel.

 

Otro recado hechizo: “también demandamos mas tiempo de visita, que puedan entrar familiares no directos como son tíos, sobrinos y parejas”.

 

En las calles el descontrol de las autoridades era evidente. Vidrios, escombros y pedazos de metal cubrían el suelo. Cientos de policías hacían de todo sin lograr casi nada. Unos corrían de un lado a otro resguardándose de las pedradas mientras que otros intentaban contener a la multitud sin una estrategia común, o un plan de contingencia. Lo único que lograban era abrir paso a las ambulancias. “Hasta ahorita llevamos cuatro heridos. Todos de gravedad”, informó brevemente el Capitán de la Cruz Roja, Fernando Esquer.

 

Alrededor de las 5 de la tarde las ambulancias sacaron a dos reclusos heridos de bala: José Abraham Molina y Sergio Aguilar Pérez.

 

La presencia de los balaceados encendió a un grupo de familiares que rompió una valla de policías y tomó la calle frontal del Centro de Readaptación. Desde el techo los reclusos se avivaron y comenzaron a gritar en admiración al atrevimiento de sus familiares.

 

Agentes federales vestidos de civiles y otros uniformados y con capuchas, formaron una nueva barrera humana, rozando tensamente con los familiares decididos a entrar al penal. Por breves momentos se desataron los empujones entre los policías y civiles hasta que un agente federal, en su desesperación, alzó su metralleta al aire. Por suerte la situación no pasó a mayores. Del otro lado de la calle cientos de familiares más esperaban ansiosos noticias sobre los heridos. Hasta ese momento ninguna autoridad había dado la cara.

 

El cese el fuego al interior del penal trajo un pequeño receso a la tensión a la hora del ocaso. Pero pasadas las 8 de la noche el estallido de un auto en llamas rompió la efímera calma que rodeaba el centro de readaptación social. Parecía que las flamas intensificaban la ira de los internos apertrechados en la azotea del edificio uno. Entre humo y gas lacrimógeno arrojaban pedazos de escombro a los policías. Éstos respondían con balas.

 

“Dejen de disparar, perros”, gritaban algunos familiares angustiados. “Ustedes tienen la culpa de esto”, gritaban otros.

 

Entre los familiares coléricos se encontraba Mayra Blanco Márquez, hermana del interno asesinado, al cual le restaban sólo 10 meses para recuperar su libertad.

 

“Mire, salió antes de tiempo, pero muerto”, sostuvo.

 

La joven de 17 años denunció que el día de la muerte de su hermano le negaron la información en el Servicio Médico Forense y hasta el siguiente día pudo entrar a verlo.

 

“Estaba todo golpeado, todo lleno de cicatrices. Lo esposaron, le pusieron un libro en la panza y le empezaron a golpear con bats. Después le golpearon la espalda y al último la sien. De eso murió, de un batazo en la sien”.

 

La hermana del difunto dijo que tenía muchos piquetes en su brazo izquierdo y que le echaron cloro en todo su cuerpo.

 

La explicación que se le había dado sobre la muerte de su hermano es que había sido sorprendido con droga y un celular en la celda, y se le había torturado para que delatara al que le había proporcionado estos artículos prohibidos. Pero a los custodios “se les pasó la mano”.

 

Los policías federales, protegidos por el Kevlar de sus cascos y chalecos, guardaban su distancia por temor a ser golpeados por un pedazo de cemento. Los reporteros gráficos también extremaban precauciones, pero los reos no querían lastimarlos. “Cáiganle, no hay bronca”, les gritaban desde la azotea.

 

Confiando en la buena voluntad de su aviso, decidí acercarme a dialogar con los internos subversivos desde la banqueta de enfrente. Para identificarme alcé mi cámara al aire y me aproximé gritando “prensa… prensa”. “Aguanten, aguanten… es el reportero”, gritó uno de ellos. “No tiren”, exclamaron otros más.

 

—¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están haciendo esto?

 

—Queremos justicia. —Exclamaron todos al unísono—. Los guardias mataron ayer a un bato a golpes sin deberla ni temerla —se escuchó una voz lejana—. En el cinco lo mataron, compa”.

 

—¿Quién lo mató?

 

—El Daniel, El Toro y el Montero fueron los que lo mataron —gritó uno de los más de 30 reos en el techo—. Ese güey nos tortura —denunció otra voz—. Y nos da comida engusanada —complementó un tercero.

 

—¿Qué más están exigiendo?

 

—Queremos mejor trato; que nos dejen salir más rato a la yarda; mejor comida; más actividades; vivimos 30 por celda —respondieron y completaron—: No somos animales.

 

—¿Cuántos muertos hay hasta ahorita?

 

—Tres —respondieron en coro los alzados.

 

—¿De qué murieron?

 

—Balaceados… el helicóptero los balaceó.

 

—¿Cuántos visitantes hay adentro todavía?

 

—Como 200; 250 con todo y niños… Diles que no tiren gas allá atrás porque ahí están las visitas —exclamó uno de ellos.

 

—¿Hay rehenes?

 

—No, las visitas no son rehenes, ellos no se quieren ir.

 

El sonido lejano de una ráfaga al aire me hizo retroceder y concluir la improvisada entrevista.

 

En cuestión de segundos el intercambio piedras-balas se había reanudado.

 

Con el paso de las horas la tensión comenzó a escalar de nueva cuenta. Tres autos más fueron incendiados por presuntos familiares de los internos y desataron una lluvia de pedradas hacia el penal.

 

Pasadas las 11 de la noche una escuadra de la Policía Federal intentó irrumpir en el penal para contener el motín pero no tuvo éxito. Los agentes se replegaron uno a uno ante el frustrado ataque.

 

Minutos después la situación empeoró. Los reclusos abrieron un boquete en el muro oeste del penal. Más de seis testigos consultados aseguran que internos lograron escapar. Tres de ellos coinciden en que fueron cuatro los que recuperaron su libertad.

 

La versión oficial afirma que ningún reo logró eludirse.

 

El primer jefe policial en dar la cara fue el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra, quien aseguró a los familiares que los policías solamente usaban balas de goma, salvas y gas pimienta para contener el motín. No le creyeron.

 

La batalla final por recuperar el penal fue cruenta y se extendió hasta las 2:30 de la madrugada del lunes aproximadamente. Un agente de la Policía Federal Preventiva cayó herido de un balazo en el pié y fue extraído del edificio por sus compañeros alrededor de la 1:30 horas del lunes.

 

“Nadie me hizo el pinche paro”, decía el agente, ondeando con desesperación las manos manchadas de sangre. “Me agarraron cambiando el cargador, y ninguno de esos putos me siguió para darme protección”, exclamó el policía, antes de soltar un gemido cuando sus compañeros le retiraron la bota ensangrentada.

 

Alrededor de las 2:00 horas del lunes salió del penal el último grupo de familiares, en su mayoría madres y esposas que se negaban a dejar solos a sus seres queridos. Aseguraban que sin testigos “les iba a ir muy mal”.

 

“Los están golpeando muy feo señor, muy feo”, gritaba inconsolable una madre con sus dos hijos pequeños. “No sean malos, hagan algo por favor”, suplicaba mientras sonaban los disparos a lo lejos.

 

Berta, la esposa de un interno que decidió quedarse hasta el final del motín atestiguó que antes de salir alcanzó a ver cadáveres calcinados.

 

“Quemaron a unas personas, no sé cuántos porque estaban irreconocibles”, expresó asustada.

 

La mujer denunció que su esposo le platicaba que la tortura en el penal es cosa de todos los días. “Les ponen una toalla y les brincan encima”, exclamó.

 

“Si, cometieron errores, y están pagando por ellos, pero no son animales”.

 

Una de las últimas mujeres en salir del penal fue Alicia Aguilar Dávalos, integrante de la Comisión de Familiares de Internos, quien aseguró a los reporteros que el grupo había interpuesto 10 denuncias de tortura al licenciado Miguel Angel Canett, entonces director del Sistema Estatal Penitenciario.

 

“Hemos hecho conferencias de prensa para denunciar que los desnudaban, los golpeaban y jugaban con sus genitales. Pero eso no paró”. Aguilar sostuvo que un martes antes del motín había intentado contactar a Canett para denunciar que había una huelga de hambre en las celdas de castigo, ya que varios internos habían cumplido con su castigo y no los habían dejado salir, pero no había tenido éxito.

 

“Si ya al director estatal de readaptación social se le hicieron las respectivas denuncias y no hizo nada, yo considero que ningún interno es responsable”, exclamó la madre de un interno de Cereso La Mesa. “Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe”.

 

Pero no todos los familiares de internos tenían el mismo valor para denunciar las injusticias hasta que el motín destapó la cloaca.

 

Una joven llamada Berenice explicó que ella nunca denuncia las irregularidades de las que ha sido testigo cuando visita a su familiar.

 

“No hablamos porque nos quitan los pases. Tampoco los reos pueden decir nada porque los agarran a chingazos. Te piden 500 pesos para no meterlos a las tumbas. Te dan un número de cuenta para que les deposites el dinero”, agregó.

 

Las balas dejaron de sonar pasadas las 2:30 horas del domingo. Mas no los gritos de los familiares, que permanecieron en vela en espera de noticias sobre los internos.

 

Esas noticias nunca llegaron.

 

Nueve mil reos

 

La mañana del lunes cientos de personas formaron largas filas para pedir informes sobre sus familiares internos, a la policía municipal. Los agentes tomaban sus nombres y los de sus reos para poder brindarles información, cosa que nunca sucedió.

 

La primera persona ajena al sistema penitenciario en entrar al Cereso de La Mesa fue la Madre Antonia Brenner, legendaria protectora de los reclusos. A su salida la religiosa informó a los familiares desesperados que todo estaba bien.

 

“Esta mañana entre a rezar con varios cientos de mis hijos… hay mucha destrucción ahí adentro, hay piedras y vidrios como en un temblor”, expresó.

 

“La mayoría no participaron en ninguna forma en esta destrucción. En los motines no participan más de 100 hombres máximo y hay 9 mil dentro”, sostuvo la Madre Antonia, quien ha vivido varios motines en los más de 30 años de servicio a los presos.

 

Al retirarse, docenas de familiares suplicaban a la Madre que les informara sobre el estado de sus internos, y le entregaban pedazos de papel con sus nombres, con la esperanza de una noticia alentadora.

 

Contrario a la Madre Antonia, los defensores de los derechos humanos tuvieron que esperar varias horas para ingresar al penal para verificar las condiciones de los internos.

 

“Nosotros llevamos tiempo señalando la posibilidad de que se dé un motín en este Cereso y el del Hongo”, sostuvo el Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona.

 

“Tenemos la información y se la hemos compartido al ejecutivo, sin embargo no tuvo respuesta y el resultado es éste”.

 

La desesperación de los reclusos hambrientos y sedientos se hizo notar desde el interior. De acuerdo con el testimonio de vecinos del penal las mujeres comenzaron a pedir agua y comida desde el lunes por la mañana.

 

Por ese motivo sus familiares tomaron la iniciativa de comprar agua y víveres, mismos que debieron haberles hecho llegar por funcionarios del Sistema Estatal Penitenciario.

 

Conforme avanzaban las horas del lunes también incrementaba la desesperación de los familiares de los internos por recibir noticias sobre su condición. Al mediodía algunos grupos de presuntos familiares se tornaron violentos e intentaron derribar el portón trasero del Penal, jaloneando y golpeando con tubos y botes de basura. La situación no pasó a mayores.

 

Grupos antagónicos iniciaron motín

 

Fue hasta la tarde del lunes cuando los titulares de las dependencias de seguridad pública del Estado convocaron a una rueda de prensa en la que dieron a conocer un recuento con las cifras oficiales del violento incidente.

 

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, reconoció que un día antes del disturbio perdió la vida el interno Israel Márquez Blanco a causa de golpes durante un operativo rutinario de inspección.

 

Por ese motivo existían tres personas sujetas a investigación: el comandante del penal, Marco Antonio Ibarra Chávez, el subcomandante Daniel Ibarra Pérez y un custodio de nombre Alex Cervantes Jaramillo, éste último detenido, mientras los otros dos se encuentran prófugos, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio.

 

A pesar de las denuncias de los defensores de derechos humanos, los familiares y los mismos internos cuestionados, De la Rosa negó que la muerte de Márquez Blanco haya sido el detonante del motín, y lo atribuyó a una riña entre grupos antagónicos por el control del manejo de la droga en el interior del penal.

 

La cifra de decesos manejada por el titular de la SSPE en esos momentos era de tres, todos internos del penal. Asimismo reportó que 13 lesionados habían sido trasladados al Hospital General, mientras que otros 13 estaban siendo atendidos en la enfermería del penal.

 

Sobre las denuncias de reos que habían logrado escaparse, De la Rosa aseguró que sólo tres habían intentado escapar, pero habían sido detenidos oportunamente. Negó que alguno haya logrado fugarse.

 

Con un semblante sereno y confiado, aseguró que el operativo implementado de forma coordinada logró recuperar “inmediatamente” el control del penal, situación que horas después sería crudamente evidenciada como falsedad.

 

 

Sin comida, sin agua

 

El 16 de septiembre amaneció con un poco más de tranquilidad, pero con mucha sed y hambre. Vecinos del penal atestiguaron que desde muy temprano escucharon a las mujeres internas quejarse de la falta de agua y comida. Un pequeño grupo de esposas de reclusos lograron comunicarse con ellos gritando desde el exterior del edificio.

 

“¿Están bien?”, gritó una mujer.

 

“Richie, ¿Cómo estas?”, gritó otra mujer a su lado.

 

“Agua, no tenemos agua”, le respondieron desde el interior.

 

Alrededor de las 11 horas el entonces director del Sistema Estatal Penitenciario, Miguel Angel Canett, informó brevemente a las familias las condiciones que prevalecían en el reclusorio: “Hemos estado trabajando en el restablecimiento de los servicios y las funciones de la cocina. Hemos estado ateniendo a las personas lesionadas. Todavía estamos cruzando los números de celdas con los nombres, ya que un número importante regresaron a celdas que no eran suyas”

 

Su breve informe generó gritos y rechiflas de los familiares, que desconfiaban de sus declaraciones.

 

Momentos después un grupo de aproximadamente 40 familiares de reclusos comenzó una marcha en protesta en el exterior del Cereso, que avanzó hasta el ministerio público ubicado a un costado de la central camionera para interponer una denuncia contra los titulares del sistema penitenciario y de seguridad pública del estado.

 

“Todos estos señores que están a cargo del sistema penitenciario han cometido el delito de homicidio, tortura física y psicológica”, declaro Alicia Aguilar Dávalos, de la Comisión de Familiares de Internos.

 

“También cometieron intento de homicidio porque siendo nosotros visita y estando aplacando a los internos nos atacaron con rifles R15 y balas expansivas”, sostuvo Aguilar, con referencia a la intervención de las fuerzas armadas para contener la insurgencia en el penal.

 

 

Sin protocolo para emergencias

 

Mientras los familiares denunciaban los atropellos, elementos del departamento de Bomberos inspeccionaban el interior del penal. El Capitán, Rafael Carrillo, reportó que las llamas consumieron gran parte de las áreas operativas del penal.

 

“Fuera de los edificios de celdas, todo se quemó” afirmó Carrillo.

 

Lo único que quedó intacto fueron las áreas de revisión, mejor conocidas como aduanas, así como la armería. “Aquí sí pudimos intervenir directamente”.

 

El titular de Bomberos reportó que los elementos a su cargo corrieron riesgos al tratar de realizar su trabajo. “Todos, mínimo, se llevaron una pedrada, incluso andan moreteados”, expresó.

 

Para Carrillo no hubo una organización interinstitucional durante el conflicto. “no teníamos una cantidad exacta de cuántos heridos había, no sabíamos por dónde acceder ni salir. Si es que tenían un protocolo de emergencias no nos lo hicieron saber”, denunció.

 

 

El segundo motín

 

Para la mañana del miércoles parecía que todo había regresado a la normalidad. Muchos de los familiares ya no rodeaban la penitenciaría como antes y se les había informado que la rehabilitación del inmueble iba avanzando a buen paso.

 

Pero adentro las cosas no eran como lo hacían creer las autoridades. Muchos internos, particularmente las mujeres ya sufrían las consecuencias de la deshidratación y el hambre. De nueva cuenta la tensión comenzó a escalar y el hartazgo se convirtió en violencia.

 

Aproximadamente a las 13:00 horas se reportó un incendio en el edificio de las mujeres, al lado este de la penitenciaría. Al poco tiempo las reclusas habían tomado el control del edificio y comenzaban a protestar desde la azotea.

 

En menos de una hora los hombres también habían salido de sus celdas y de nueva cuenta se enfrentaban a los custodios y agentes estatales.

 

Confiados en la tranquilidad que imperaba al exterior del penal, no se tenía habilitada una vaya para contener a la multitud. Como consecuencia, los presuntos familiares de internos comenzaron a atacar con piedras y escombros a los custodios e incluso intentaron derribar la puerta principal del edificio.

 

A diferencia del primer motín, los elementos de la Policía Federal Preventiva no fueron tan tolerantes con la multitud enfurecida. Los jaloneos y empujones que se vieron durante el primer incidente violento habían subido considerablemente de tono.

 

Los federales no dudaron en arrojar gas pimienta para dispersar a la muchedumbre.

 

Algunos familiares se llevaron culatazos de sus rifles de alto poder y en el momento de mayor tensión, los uniformados efectuaron disparos al aire para dispersar a la multitud.

 

Pero la violencia llamó a más violencia y la gente reaccionó con furia.

 

De no haber sido por la participación oportuna de la policía municipal los roces entre civiles y agentes federales pudo haber tenido consecuencias trágicas.

 

A una hora del inicio del segundo motín un grupo de casi 100 policías municipales cercó el área y logró restablecer el control en la medida de lo posible.

 

Pero al interior del penal las ráfagas de ametralladoras rugían fuertemente. Los familiares imploraban a gritos un cese el fuego a los oficiales que resguardaban el exterior, pero no eran ellos quienes podían poner fin a los enfrentamientos.

 

Pasaron dos largas y tensas horas para que los balazos se atenuaran.

 

Las ambulancias de la Cruz Roja redoblaron esfuerzos, ya que según el Capitán Fernando Esquer, tuvieron que atender a 11 heridos, en su mayoría por impacto de bala.

 

Alrededor de las 3 de la tarde más de 200 reos fueron tendidos en el patio central del edificio y fueron trasladados en cinco camiones de pasajeros a otros penales del Estado

 

La calma se había recuperado, pero a un alto costo.

 

17 personas habían perdido la vida en esta segunda jornada violenta.

Tomado del semanario Zeta, en: http://www.zetatijuana.com/html/EdicionActual/Principal.html. Consultado el 29 de septiembre de 2008.

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